Cáritas ha presentado este miércoles el “Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en Castilla y León” de la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de la Sociología Aplicada). En el acto, que ha tenido lugar en el Palacio de Congresos Conde Ansúrez de Valladolid, han intervenido Jesús Fernández González, obispo de la diócesis de Astorga y obispo acompañante de Cáritas Española, Antonio Jesús Martín de Lera, presidente de Cáritas Autonómica de Castilla y León, y Thomas Ubrich, miembro del Equipo de Estudios de Cáritas Española y del Comité técnico de la Fundación FOESSA.
También ha participado la directora de Cáritas Diocesana Ciudad Rodrigo, Dña. Mar Manzano, y el técnico, D. Domingo Matías.
Los principales resultados de este trabajo de investigación, del cual el obispo ha querido transmitir su agradecimiento por ser “generoso” y “entregado”, alertan de un aumento en las tasas de exclusión social y una reducción del espacio de integración plena en Castilla y León a causa de la irrupción de la pandemia. De hecho, uno de cada seis habitantes (18%) de esta comunidad autónoma se encuentran en exclusión social, lo que supone un total de 426.000 personas en una situación de importante desventaja. El informe refleja, además, un crecimiento de un 54% entre las personas más frágiles, las que se encuentran en situación de exclusión severa, que ya representan a más de la mitad de las personas presentes en el espacio de la exclusión social (225.000).
“Estos datos demuestran que los que viajaban en segunda o tercera clase no disponían de barco de emergencia y se ahogaron”, aseguró Thomas Ubrich, al comparar la situación de las familias vulnerables con el naufragio del Titanic.
El presidente de Cáritas Autonómica de Castilla y León, Antonio J. Martín de Lera, señaló, por su parte, el importante papel de Cáritas para reducir los efectos negativos de la crisis social. “Con relación a los años anteriores, se ha dado un fuerte aumento, del número de personas acompañadas por nuestros programas de atención a necesidades básicas, con problemas crecientes de desempleo, ingresos, vivienda y salud mental”.
A pesar de que el panorama en Castilla y León es ligeramente menos negativo que en el conjunto de España, la crisis sanitaria ha afectado a muchos hogares en la Comunidad, reduciendo notablemente su espacio de integración plena. En 2018, seis de cada diez hogares en Castilla y León se encontraban en esta situación, ahora menos de la mitad de los hogares (49.7%) participan con total normalidad en la sociedad.
En cuanto a la evolución, FOESSA constata un crecimiento de la exclusión en el eje económico, donde se ha incrementado un 58%, frente al 38% del conjunto de España. Sin embargo, el mayor crecimiento se produce en el eje relacional, donde las situaciones de exclusión aumentan un 105%, pasando de un 4.4% a un 9%.
Las brechas de la exclusión
Todas estas carencias tienen un impacto desigual sobre las personas. Desde FOESSA se advierte de un crecimiento de las brechas relacionadas con el género y la nacionalidad de origen. Otra que también cobra cada vez más fuerza en la Comunidad es la de la edad.
La crisis de la Covid está feminizando aún más el espacio de exclusión en Castilla y León. La exclusión social en los hogares encabezados por mujeres ha pasado del 17% en 2018 al 25% en 2021, un incremento que multiplica por 2,5 el registrado durante el mismo periodo en el caso de los hombres (que pasaron del 12% al 15%).
El país de origen también constituye un rasgo diferencial en el caso de las brechas de exclusión. Más de la mitad de los hogares encabezados por una persona de origen extranjero se encuentran en situación de exclusión, esto significa que es 3,5 veces mayor que en los hogares encabezados por alguien de nacionalidad española, lo que dibuja una nueva línea de profundidad en la sociedad fracturada.
Una tercera brecha se abre en la sociedad castellanoleonesa por el incremento de la tasa de exclusión entre las personas más jóvenes. Uno de cada cuatro jóvenes menores de 30 años está afectado por procesos de exclusión social. Para FOESSA, supone una situación que les impide dibujar proyectos de vida para dar el salto a la vida adulta. Esta situación de exclusión genera jóvenes sin empleo o en empleos temporales y precarios, que imposibilitan la emancipación, el sustento de una vida independiente o la creación de una familia.
Apagón digital
Las medidas de distanciamiento social durante la pandemia, han traído un nuevo elemento de desigualdad: la brecha digital. Esta brecha digital tiene como principales causas la ausencia de dispositivos, de conexión o de habilidades para el manejo de Internet. Esta situación afecta ya a tres de cada diez hogares en Castilla y León (31%), y se incrementa hasta el 42% en el caso de los hogares que están en situación de exclusión severa.
Este apagón digital conlleva la pérdida de oportunidades laborales, formativas, de relaciones o de acceso a derechos como ayudas y prestaciones sociales y que nuevamente afecta a quien más necesita de esas oportunidades: la población en situación de exclusión pierde 6 veces más oportunidades por apagón digital que la población integrada.
Empleo, vivienda y salud
El empleo durante esta crisis se ha caracterizado por la precariedad, que se ha duplicado y alcanza a más de 79.000 hogares (un 11% del total) que dependen económicamente de una persona que sufre inestabilidad laboral grave. Se trata de cabezas de familia que en el último año han tenido: 3 o más meses de desempleo, 3 o más contratos diferentes, en 3 o más empresas distintas. Esta inestabilidad laboral grave genera pobreza económica pero también frustración, laboral y personal, y tiene efectos a nivel psicológico y emocional. FOESSA constata, además, un aumento de las barreras para acceder al trabajo a una parte de las personas desempleadas, lo que genera una peligrosa tendencia a la cronificación de la situación de desempleo.
Además del empleo, las dimensiones de la salud y la vivienda son otros grandes motores de la exclusión en Castilla y León. Más de 70 mil hogares (7%) sufre falta de acceso a medicamentos o tratamientos sanitarios por problemas económicos, esta realidad se dispara entre los hogares en situación de exclusión, afectando a cuatro de cada diez de estos.
En el ámbito de la vivienda, el principal problema surge ante la dificultad en el pago da la misma. La combinación entre altos precios y bajos o inestables ingresos hacen que algo más de 120 mil familias, una vez realizado el pago del alquiler o la hipoteca, queden en situación de pobreza severa.
Retos
FOESSA, observa que la crisis de la Covid-19 ha dejado una gran huella en Castilla y León, especialmente por los problemas no resueltos de la anterior crisis, la de 2008 a 2013. Para mejorar esta situación en la Comunidad es importante perfeccionar el sistema de protección social, y poner en marcha los siguientes puntos de actuación:
- Mantener estables para el futuro las medidas provisionales tomadas en el caso de la salud, la vivienda o la protección social, adaptándolos a los distintos periodos de estabilidad económica. El principal reto es evitar nuevas situaciones de exclusión y que las existentes no se vuelvan crónicas.
- Mejorar la cobertura del Ingreso Mínimo Vital, ya que supone un notable avance social. Según datos del Ministerio, hasta septiembre del pasado año, se habían aprobado más de 51.000 solicitudes del Ingreso Mínimo Vital, que incluyen aproximadamente unas 35.000 personas beneficiarias, esto supone alrededor de una persona beneficiaria por cada cuatro personas en situación de pobreza severa en Castilla y León (el 25% frente al 19% en España).
- Reclamamos un estado de bienestar que dé acceso a los derechos de todas las personas, empezando por los más vulnerables. Así como una desvinculación del acceso a los derechos con el mercado laboral.
- Es urgente implementar medidas que reduzcan la hiperflexibilidad laboral, los empleos no cualificados, temporales y precarios, que afectan sobre todo a los sectores más excluidos.
- La complementación de los salarios escasos con otras medidas redistributivas, a modo de estímulos al empleo.
- Garantizar un sistema de salud público de calidad y un cambio de estrategia en la atención a personas dependientes. Para garantizar la igualdad y evitar la exclusión social, es preciso incrementar la inversión en atención sanitaria, para mejorar la calidad y atender específicamente la salud mental. Una salud mental que ha vuelto a sufrir un gran impacto con la pandemia.
- Establecer un plan contra la exclusión residencial. Casi dos de cada diez familias castellanoleonesas residen en viviendas inadecuadas y una cuarta parte sufren problemas de inestabilidad residencial. Más de 119 mil hogares no tuvieron dinero suficiente, para el pago de los gastos relacionados con la vivienda.
- Superar la brecha educativa provocada por el apagón digital, poniendo los medios necesarios para que todas las personas puedan superar la brecha digital. Sin olvidar que es preciso mantener las puertas no digitales abiertas, para que las personas más excluidas en este aspecto no se queden fuera de la sociedad.
- Avanzar hacia servicios sociales adaptados a las realidades sociales del siglo XXI. La magnitud de la exclusión severa no sólo demanda una mayor intervención por parte de los servicios sociales, sino un continuo proceso de adaptación, tanto del modelo de trabajo social como del modo de organización.
